Al vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se le aplicará la ley penal igual que al resto de los ciudadanos. Es la premisa de la que parte la profesora Castañón para explicar los tres delitos que se le atribuyen: alzamiento de bienes, que hace referencia a la insolvencia punible de Rato en perjuicio de sus acreedores, es decir, que llevó a cabo actuaciones sobre su patrimonio para impedir que los acreedores pudieran hacer efectivo su derecho de crédito, algo que está tipificado en el Código Penal con una pena de entre uno y cuatro años de cárcel. En segundo lugar, blanqueo de capitales, un delito por el que Rato adquirió bienes conociendo su origen ilícito y que ocultó para eludir consecuencias legales, castigado con una pena de entre 6 meses y 6 años. En tercer lugar, fraude fiscal:

“Rato iba a ser descubierto antes o después, lo podía haber evitado, él no podía donar, hipotecar o enajenar bienes, porque sabía que le iban a exigir esos créditos”.

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