La quema de estos millones de neumáticos ha acarreado una nube tóxica: “desde gases hasta elementos pesados persistentes, compuestos cancerígenos demostrados a los cuales no se debería exponer la población, hay que esperar lo más alejado posible hasta que el incendio esté extinguido”, asegura Julio, “hay que esperar a que la administración evalúe qué zonas han de ser descontaminadas”.
Empezó a finales de los 90 la declaración de cementerio ilegal: “nadie ha hecho nada por desidia, ha habido dejación absoluta de funciones, son las Comunidades Autónomas las que deberían haber actuado, han pasado muchos políticos a lo largo de esta década, hablar de nombres es complicado y quienes pagan los platos rotos somos los españoles”. La Junta, opina, ha creado una situación muy comprometida, debería brindar todas las facilidades a los afectados. En Greenpeace siguen monitorizando la zona y no descartan una toma de muestras hasta que se extinga el incendio.

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